Panamá se sumó a los países de la región que han autorizado el uso comercial de criptomonedas dentro de su economía, luego de que el Congreso de ese país aprobara el proyecto de ley 697.
Uno de los congresistas impulsores de la normativa, Gabriel Silva, dijo que era importante que en Panamá se regulara el tema.
“Hagámoslo claro, hagámoslo de acuerdo a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (…) antes que esto nos perjudique en el futuro por no tener una regulación buena”, mencionó.
El Salvador fue el primer país centroamericano y del mundo en adoptar el bitcoin como moneda legal, lo mismo que hizo este mes Honduras.
Objetivos de la Ley que regula el uso comercial de criptomonedas
De acuerdo con Silva, uno de los objetivos de la ley es darle claridad jurídica al uso opcional de las criptomonedas en Panamá, así como crear licencias para facilitar la inversión extranjera y local de empresas que trabajan en el sector.
El congresista, además, asegura que la nueva normativa promueve la inclusión financiera, “ya que el 50% de la población de Panamá no tiene una cuenta de ahorros, y esto ayuda a que las personas puedan participar en la economía digital”.
Asimismo, añadió que todo está “bajo el paraguas de las reglamentaciones y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional en cuanto al lavado de dinero y activos”.
Silva pide al presidente aprobar el proyecto de ley
Por último, Silva solicitó al presidente panameño, Laurentino Cortizo, sancionar el proyecto de ley para su entrada en vigor. “Esto marcará un antes y un después en el futuro de la innovación en Panamá”, reiteró.
Aprobación de la Ley que regula el uso comercial de criptomonedas
Con 38 votos a favor, 2 abstencionismos y ninguno en contra, la iniciativa fue aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional.
El proyecto de ley también establece que los impuestos, tasas y otras obligaciones tributarias se puedan pagar de forma directa o a través de agencias con criptomonedas, siempre y cuando se haga respetando el orden, la estabilidad y la transparencia de las finanzas públicas del país canalero.
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